Tomo 10 – Reconfiguración Actual: Seguridad, Diálogo y Estancamiento (2022–presente)

Reconfiguración Actual: Seguridad, Diálogo y Estancamiento (2022–presente) aborda la etapa más reciente y todavía abierta de las relaciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Después de más de un siglo de ocupación territorial, reducción, asimilación, reorganización indígena, dictadura, transición democrática, judicialización, internacionalización y debate constitucional, el conflicto ingresa desde 2022 en una fase caracterizada por una profunda contradicción: la búsqueda de una solución política y territorial mediante el diálogo convive con el fortalecimiento de políticas destinadas a garantizar la seguridad y el orden público. El período comienza en un contexto de grandes expectativas respecto de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Las propuestas de reconocimiento, restitución territorial, participación y diálogo adquirieron nuevamente relevancia dentro de la agenda pública. Sin embargo, estas aspiraciones encontraron una realidad territorial considerablemente más compleja. La persistencia de ataques incendiarios, hechos de violencia, reivindicaciones territoriales, conflictos con empresas y propietarios y la actuación de organizaciones radicalizadas mantuvieron la seguridad en el centro de la discusión nacional. El Estado quedó así enfrentado a una doble responsabilidad: abordar las causas históricas del conflicto y, simultáneamente, garantizar la seguridad de todas las personas que habitan los territorios afectados. Entre diálogo y seguridad. Una de las características fundamentales del período ha sido precisamente la coexistencia de estos dos enfoques. Por una parte, se han impulsado mecanismos institucionales destinados a construir acuerdos, revisar demandas territoriales y establecer nuevas formas de relación con las comunidades indígenas. Por otra, desde 2022 se ha mantenido de manera reiterada un régimen de excepción en determinadas provincias del centro-sur del país, acompañado por participación militar en funciones de apoyo a la seguridad. Esta situación expresa una de las mayores paradojas del período contemporáneo: mientras el Estado busca dialogar políticamente, mantiene simultáneamente una estrategia extraordinaria de seguridad sobre parte del territorio donde se concentra el conflicto. La contradicción no es solamente administrativa. Revela la dificultad histórica para determinar si la cuestión debe ser tratada prioritariamente como un problema territorial y político o como una cuestión de seguridad pública. La experiencia reciente demuestra que ambas dimensiones se encuentran profundamente entrelazadas. El proceso constitucional y sus límites. El año 2022 estuvo marcado también por el desenlace de un proceso constitucional que había otorgado una presencia inédita a los pueblos indígenas. La propuesta constitucional sometida a plebiscito incorporaba conceptos relacionados con reconocimiento indígena, plurinacionalidad, participación, autonomías territoriales y pluralismo jurídico. Su rechazo electoral representó un punto de inflexión. Académicamente, el resultado no puede interpretarse como un rechazo específico a los derechos indígenas, puesto que la ciudadanía debía pronunciarse sobre un texto constitucional completo que contenía numerosas transformaciones institucionales. Sin embargo, el resultado demostró una dificultad política relevante: las fórmulas propuestas para redefinir constitucionalmente las relaciones entre Estado y pueblos indígenas no consiguieron construir un consenso social mayoritario. La posibilidad de alcanzar reconocimiento constitucional continuó, por tanto, pendiente. La búsqueda de un nuevo entendimiento. Después del proceso constitucional, la política indígena volvió a concentrarse especialmente en la cuestión territorial. La creación de una instancia presidencial destinada a promover la paz y el entendimiento representó un intento de construir una mirada transversal sobre las demandas históricas. El objetivo era particularmente ambicioso: identificar mecanismos capaces de responder a reclamaciones territoriales acumuladas durante generaciones y, simultáneamente, construir condiciones de convivencia entre comunidades indígenas, propietarios, empresas, agricultores, trabajadores y habitantes de las regiones involucradas. Esta perspectiva constituye un cambio relevante. El problema territorial deja de interpretarse exclusivamente como una sucesión de solicitudes individuales de tierras y comienza a ser considerado como una cuestión histórica que requiere planificación de largo plazo, institucionalidad, financiamiento y acuerdos políticos amplios. Sin embargo, alcanzar consensos ha demostrado ser difícil. La complejidad acumulada durante más de un siglo significa que sobre un mismo territorio pueden coexistir memorias históricas mapuches, títulos jurídicos contemporáneos, actividades productivas, asentamientos urbanos y rurales, infraestructura y diferentes proyectos de desarrollo. Resolver estas superposiciones constituye uno de los principales desafíos del Estado contemporáneo. Seguridad y convivencia. La seguridad representa inevitablemente otro eje del período. Los hechos de violencia han afectado a comunidades, agricultores, transportistas, trabajadores, propietarios y habitantes de las zonas involucradas. Desde una perspectiva democrática, ninguna reivindicación histórica puede justificar ataques contra personas. Pero igualmente, la respuesta estatal frente a los delitos no debería conducir a interpretar toda demanda indígena como amenaza para la seguridad. Esta distinción resulta fundamental. Pueblo mapuche, movimiento indígena, reivindicación territorial y organizaciones que utilizan violencia no son conceptos equivalentes. Una interpretación académica responsable debe distinguirlos. La enorme mayoría de las personas mapuches desarrolla su vida fuera de acciones violentas. Al mismo tiempo, las víctimas de delitos y los habitantes afectados poseen un derecho legítimo a exigir protección estatal. La construcción de convivencia requiere reconocer simultáneamente ambas realidades. El significado del estancamiento. El concepto de estancamiento utilizado en este tomo no significa ausencia de iniciativas. Durante estos años han existido políticas territoriales, procesos de diálogo, programas públicos, mecanismos de adquisición de tierras, estrategias policiales y propuestas de reconocimiento. El problema reside en que ninguna de estas herramientas ha conseguido todavía producir un acuerdo estructural suficientemente amplio y estable. Persisten demandas territoriales. Persisten episodios de violencia. Persiste la desconfianza. El reconocimiento constitucional continúa pendiente. Y la relación entre seguridad y diálogo permanece sin una solución definitiva. El conflicto parece así desplazarse entre períodos de mayor tensión y momentos de apertura política sin alcanzar todavía un punto de resolución. Una etapa histórica todavía abierta. Este tomo posee una particularidad metodológica respecto de los anteriores: estudia acontecimientos cuyo desenlace todavía no conocemos. La historia contemporánea exige, por ello, especial prudencia. No corresponde presentar decisiones recientes como éxitos o fracasos definitivos. Muchas de sus consecuencias solamente podrán evaluarse con suficiente distancia temporal. Sin embargo, existe una conclusión histórica que ya puede formularse. La cuestión mapuche ha dejado de poder interpretarse exclusivamente como un problema de tierras. En ella convergen actualmente territorio, identidad, memoria, derechos colectivos, seguridad, inversión, desarrollo económico, medioambiente, reconocimiento constitucional y convivencia intercultural. La complejidad contemporánea es precisamente consecuencia de la acumulación de todas las etapas históricas anteriores. Consideración final. Reconfiguración Actual: Seguridad, Diálogo y Estancamiento (2022–presente) constituye el punto de llegada provisional de una extensa historia de relaciones entre Estado, territorio y pueblo mapuche. Durante más de un siglo, las políticas estatales han transitado desde la ocupación y reducción hacia la asimilación, integración, reconocimiento, judicialización, diálogo y búsqueda de acuerdos. Sin embargo, ninguna de estas etapas ha conseguido cerrar completamente el conflicto histórico. La experiencia contemporánea demuestra que la seguridad sin solución política resulta insuficiente, pero el diálogo sin seguridad tampoco puede construir una convivencia sostenible. El desafío consiste precisamente en superar esa aparente contradicción. El Estado necesita garantizar el orden democrático y proteger a todas las personas, independientemente de su identidad o posición dentro del conflicto. Pero también necesita abordar las causas territoriales e históricas que han mantenido abierta la cuestión mapuche durante generaciones. Por ello, el período iniciado en 2022 puede definirse como una etapa de reconfiguración y búsqueda. Existe mayor conciencia respecto de la profundidad histórica del problema. Existe un marco internacional más desarrollado de derechos indígenas. Existen mecanismos institucionales de diálogo. Y existe también una fuerte demanda social por seguridad y convivencia. Lo que todavía no existe es un consenso suficientemente amplio sobre cómo integrar todas estas dimensiones dentro de una política de Estado duradera. Este tomo, por tanto, no concluye la historia. La deja abierta. Después de ocupación, reducción, asimilación, reorganización, contrarreforma, reconocimiento limitado, judicialización, internacionalización y crisis institucional, la pregunta contemporánea ya no consiste únicamente en determinar quién posee determinadas tierras. La cuestión es considerablemente más profunda: ¿cómo construir una convivencia democrática capaz de reconocer la historia y los derechos del pueblo mapuche, resolver responsablemente las demandas territoriales, garantizar seguridad para todos y establecer una relación de confianza entre el Estado y las comunidades? La respuesta a esta pregunta determinará el próximo capítulo de una historia que, hasta el presente, continúa escribiéndose…