Tomo 9 – Crisis de Legitimidad Institucional y Estallido Social (2013–2021)

Crisis de Legitimidad Institucional y Estallido Social (2018–2021) examina uno de los períodos más intensos y complejos de la historia reciente de Chile, situando la cuestión mapuche dentro de una crisis política y social que trascendió ampliamente las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. El argumento central de este tomo parte de una constatación histórica: hacia fines de la década de 2010, el denominado conflicto Estado–Mapuche ya no podía comprenderse de manera aislada. Se encontraba inserto en una sociedad que comenzaba a cuestionar profundamente la legitimidad de sus instituciones, las desigualdades acumuladas, las formas de representación política y la capacidad del Estado para responder a demandas históricas de reconocimiento, participación y justicia social. El período se abre simbólicamente con la muerte de Camilo Catrillanca, ocurrida el 14 de noviembre de 2018 durante un operativo policial en Temucuicui. El caso produjo una profunda conmoción pública, especialmente después de conocerse contradicciones entre las primeras versiones oficiales y los antecedentes posteriormente establecidos por la investigación. Más allá de sus consecuencias judiciales, el episodio adquirió una dimensión política: volvió a colocar en discusión el uso de la fuerza, la actuación policial en comunidades mapuches y el deterioro de la confianza entre instituciones estatales y sectores indígenas. Pero aquello que inicialmente podía interpretarse dentro de la larga historia del conflicto territorial adquirió, durante 2019, una dimensión nacional mucho mayor. 2019: cuando la crisis dejó de ser sectorial. El 18 de octubre de 2019 constituye un punto de inflexión en la historia contemporánea chilena. Las protestas iniciadas en Santiago, precedidas por evasiones estudiantiles frente al aumento de la tarifa del transporte público, se expandieron rápidamente por el país. Las movilizaciones superaron ampliamente su detonante inicial. Pensiones, salarios, educación, salud, endeudamiento, desigualdad, costo de vida, acceso a derechos sociales y desconfianza hacia las élites políticas comenzaron a converger en una protesta heterogénea. Chile ingresó en lo que posteriormente sería denominado estallido social. Desde una perspectiva histórica, la importancia del proceso radica en que hizo visible una crisis de legitimidad acumulada. Una parte significativa de la ciudadanía cuestionaba no solamente determinadas políticas públicas, sino también la capacidad del sistema institucional para representar sus demandas. La crisis era, por tanto, más amplia que un gobierno. Más amplia que un partido. Y ciertamente más amplia que la cuestión indígena. Era una crisis relacionada con la forma en que amplios sectores de la sociedad evaluaban el funcionamiento del modelo político, económico y social construido durante las décadas anteriores. La presencia mapuche dentro del estallido. Uno de los fenómenos más significativos de las movilizaciones fue la extraordinaria visibilidad de la bandera mapuche, el Wenufoye, en marchas realizadas incluso fuera de los territorios de mayor presencia indígena. Su utilización por manifestantes no mapuches constituye un fenómeno sociológico digno de atención. Para distintos participantes, la bandera adquirió significados diversos: resistencia, identidad, crítica al centralismo, reconocimiento de los pueblos originarios o cuestionamiento de relaciones históricas de poder. La causa mapuche comenzaba así a relacionarse simbólicamente con una crítica nacional más amplia. Sin embargo, resulta necesario mantener precisión. El estallido social no fue un levantamiento mapuche. Tampoco puede afirmarse que las organizaciones indígenas compartieran una única interpretación de las protestas. Lo que ocurrió fue diferente: demandas históricas indígenas encontraron un espacio de resonancia dentro de una crisis nacional de representación y legitimidad. La cuestión mapuche dejó de aparecer exclusivamente como un problema de la Araucanía. Comenzó a formar parte del debate sobre qué tipo de Estado y sociedad quería construir Chile. Protesta, violencia y derechos humanos. El estallido social estuvo acompañado tanto por manifestaciones masivas y pacíficas como por episodios graves de violencia, saqueos, incendios y destrucción de infraestructura. Simultáneamente, la actuación de las fuerzas de seguridad generó numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos. Organismos nacionales e internacionales documentaron casos relacionados con uso excesivo de la fuerza, lesiones oculares, malos tratos y otras vulneraciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en diciembre de 2019 que existían fundamentos razonables para sostener que se habían producido múltiples violaciones de derechos humanos durante las protestas. Una investigación rigurosa debe resistir interpretaciones simplificadoras. Reconocer violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales no exige negar los delitos y actos violentos ocurridos durante el estallido. Del mismo modo, reconocer la existencia de violencia durante las protestas no justifica actuaciones estatales contrarias a los derechos fundamentales. El Estado democrático posee simultáneamente la obligación de mantener el orden público y respetar los derechos humanos. Esta tensión, que durante años había sido visible en el conflicto mapuche, apareció ahora a escala nacional. De la calle al proceso constituyente. La crisis produjo finalmente una respuesta política de enorme trascendencia. El 15 de noviembre de 2019, representantes de gran parte del sistema político suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que abrió un itinerario institucional para consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de redactar una nueva Carta Fundamental. El plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 produjo una amplia mayoría favorable a iniciar un proceso constituyente: la opción Apruebo obtuvo aproximadamente el 78 % de los votos válidamente emitidos. La cuestión indígena ingresó entonces en una dimensión política inédita. Ya no se discutía solamente una ley indígena, un programa territorial o una determinada política pública. Comenzaba a debatirse el lugar de los pueblos indígenas dentro de la arquitectura constitucional del Estado. Reconocimiento constitucional. Representación. Interculturalidad. Territorio. Autonomía. Derechos colectivos. Pluralismo jurídico. Plurinacionalidad. Conceptos que durante décadas habían permanecido principalmente en ámbitos académicos, indígenas o especializados comenzaron a formar parte de la conversación política nacional. Escaños reservados: un cambio histórico. En diciembre de 2020 se establecieron 17 escaños reservados para representantes de pueblos indígenas dentro de la Convención Constitucional que sería elegida en 2021. De ellos, siete correspondieron al pueblo mapuche. Este hecho tuvo una enorme importancia histórica. Por primera vez, representantes indígenas elegidos mediante un mecanismo constitucional específico participarían directamente en la elaboración de una propuesta de nueva Constitución. El cambio respecto de períodos anteriores era evidente. Durante buena parte de la historia republicana, las políticas indígenas habían sido diseñadas fundamentalmente sobre los pueblos indígenas. Ahora se abría institucionalmente la posibilidad de construir propuestas con representación indígena directa. Esto no eliminaba las diferencias existentes dentro del propio mundo mapuche. No todas las comunidades compartían los mismos proyectos políticos. No todos apoyaban la plurinacionalidad. No todos entendían autonomía de la misma manera. La participación institucional demostraba, precisamente, la diversidad interna del pueblo mapuche. 2020–2021: pandemia y continuidad del conflicto. La pandemia de COVID-19 modificó profundamente el escenario nacional durante 2020. Las restricciones sanitarias redujeron las movilizaciones masivas y desplazaron gran parte de la actividad política hacia otros espacios. Pero el conflicto territorial en el centro-sur no desapareció. Persistieron ocupaciones, ataques incendiarios, enfrentamientos y controversias relacionadas con predios, empresas forestales y reivindicaciones territoriales. También continuó la discusión sobre presos mapuches y las condiciones de cumplimiento de condenas, adquiriendo particular visibilidad la huelga de hambre desarrollada durante 2020 por el machi Celestino Córdova y otros comuneros. Esto demostró una cuestión fundamental: el proceso constituyente podía abrir una nueva vía política, pero no suspendía los conflictos existentes sobre el territorio. La institucionalidad avanzaba por un camino. La conflictividad territorial continuaba por otro. La crisis de confianza. La palabra legitimidad constituye probablemente el concepto central de este tomo. Una institución puede actuar dentro de la legalidad y, sin embargo, enfrentar una crisis de legitimidad cuando una parte significativa de la sociedad deja de confiar en ella. Durante este período, la confianza en instituciones políticas, policiales y representativas se encontraba profundamente tensionada. En el caso mapuche, esa desconfianza poseía raíces históricas todavía más profundas. Ocupación. Reducción. Asimilación. Contrarreforma. Reconocimiento limitado. Judicialización. Criminalización. Cada etapa había dejado una memoria. El problema de 2018–2021 consistió en que esa antigua desconfianza indígena comenzó a encontrarse con una crisis general de confianza institucional de la sociedad chilena. Allí reside la singularidad histórica del período. De problema indígena a problema del Estado. Durante décadas, la expresión problema mapuche había sido utilizada para describir las tensiones existentes en el sur de Chile. Este tomo propone invertir la perspectiva. Quizá el problema no consistía exclusivamente en preguntarse qué ocurría con el pueblo mapuche. Había que preguntarse también qué dificultades tenía el propio Estado chileno para relacionarse con su diversidad histórica, cultural y territorial. El estallido social reforzó esta interpretación. Cuando millones de ciudadanos no indígenas también cuestionaron representación, desigualdad y legitimidad institucional, se hizo evidente que algunas de las dificultades observadas en la relación Estado–Mapuche formaban parte de interrogantes más amplios sobre el funcionamiento de la democracia chilena. Esto no significa equiparar todas las demandas. La historia mapuche posee especificidades territoriales, culturales y jurídicas propias. Significa reconocer que la crisis indígena y la crisis nacional comenzaron a encontrarse dentro de una pregunta común: ¿cómo reconstruir legitimidad cuando sectores importantes de la sociedad consideran que las instituciones no los representan adecuadamente? Consideración final. Crisis de Legitimidad Institucional y Estallido Social (2018–2021) constituye un tomo de transición dentro de esta historia. El período comenzó con la muerte de Camilo Catrillanca y terminó con representantes indígenas participando directamente en una Convención encargada de redactar una propuesta constitucional. Entre ambos acontecimientos, Chile experimentó una de las mayores crisis sociales desde el retorno a la democracia. La cuestión mapuche dejó entonces de ocupar solamente las páginas relacionadas con seguridad, tierras o política indígena. Ingresó al centro del debate constitucional. El país comenzó a discutir no únicamente cuántas tierras debían adquirirse o qué programas debían implementarse, sino cuestiones mucho más profundas: qué significa reconocer a un pueblo; cómo representar políticamente la diversidad; qué relación existe entre territorio y autonomía; y hasta dónde debe transformarse el Estado para incorporar institucionalmente a sus pueblos originarios. Este período representa, por ello, algo más que una nueva fase del conflicto. Representa el momento en que la antigua cuestión mapuche se encontró con una crisis general del modelo político chileno. Las demandas indígenas ya no podían ser interpretadas exclusivamente desde la periferia territorial. Habían llegado al centro del debate sobre el Estado. Sin embargo, el proceso permanecía abierto. La participación constitucional no eliminó la violencia. El reconocimiento político no resolvió las demandas territoriales. La mayor visibilidad no produjo automáticamente mayor confianza. Chile llegaba así al final de 2021 enfrentando una paradoja histórica: nunca los pueblos indígenas habían tenido tanta presencia en una discusión constitucional contemporánea y, al mismo tiempo, la relación entre el Estado y sectores del mundo mapuche continuaba profundamente tensionada. Ese contraste define la etapa. Después de más de un siglo de políticas destinadas sucesivamente a ocupar, reducir, asimilar, integrar y administrar la cuestión indígena, Chile comenzaba finalmente a discutir una pregunta diferente: ¿es suficiente reconocer a los pueblos indígenas dentro del Estado existente, o ese reconocimiento exige también revisar la forma en que el propio Estado comprende su historia, su territorio, su diversidad y su democracia? Esa pregunta quedaría abierta al terminar 2021 y conduciría directamente a la siguiente etapa: el proceso constituyente, la discusión sobre plurinacionalidad, el rechazo constitucional de 2022 y la posterior reconfiguración de la relación entre Estado, sociedad chilena y pueblo mapuche…